En un país de mentiras por doquier, hay que salvar el lenguaje. Éste pierde todo sentido cuando la mentira se apodera de su uso y no podemos más que desconfiar de la palabra. Habrá que decir la verdad, al menos aquello que nadie puede decir con más certeza: habrá pues que dejar al corazón tomar la palabra. Soy sincero: el Estado colombiano con frecuencia me avergüenza. Espero esto no se entienda como una declaración de abyectas intenciones, tendencia interpretativa dominante hoy día. Nada de eso. Se trata de una descripción del sentimiento: surge en mí esta disposición de ánimo con cada nueva obscenidad política, con cada catástrofe social.
Para no ir más lejos, hoy haré eco a una sintomática noticia que me afecta en mi quehacer. Soy profesor; y la formación que procuro para mis estudiantes consiste en que desarrollen habilidades en lectura y escritura críticas. Además, que aumenten su capacidad de argumentación, para que logren posiciones personales fundamentadas. Quizás no sea otro el propósito de mi trabajo. Con este fin, leemos detenidamente obras clásicas del pensamiento universal, y desde ellas intentamos reflexionar sobre nuestra situación. Es necesario para ello enterarnos de las noticias nacionales y mundiales, vistas a la luz del conocimiento de los procesos históricos en las que se inscriben. Tanto en mi clase como en otras afines, con las que mancomunadamente trabajamos en la realización de estos propósitos, leemos autores que vistos desde un punto de vista opuesto radical bien pueden ser tildados de tendenciosos y adoctrinantes. Sí, en ocasiones también leemos autores de izquierda, incluso en literatura. ¿Qué le vamos a hacer si sólo estudiando distintas posiciones podemos formarnos una? ¿Cómo evitar estas lecturas cuando son ellas nuestros más desafiantes interlocutores? Son justamente estas lecturas de autores con posiciones claras y firmes las que nos exigen pensar. No son los textos de aguas tibias las que mueven el pensamiento y la argumentación. Del respeto a las distintas posiciones y de la inalterable susceptibilidad de éstas a la discusión se trata mi clase. Por esto es vergonzoso para mí que una institución del Estado colombiano persiga a aquellos que cumplen con el supremo deber de la educación para una sociedad de ciudadanos críticos, conocedores de su historia y capaces de cuestionar la realidad en que sus vidas transcurren.
El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), con un misterioso grupo de inteligencia denominado G-3, además de perseguir magistrados, políticos y periodistas, investiga profesores en cuyas clases se estudian autores, no necesariamente de izquierda, sino sencillamente críticos. En Colombia, leer a Gloria Gaitán, Vera Grave, Alfredo Molano o Fabio Zambrano Pantoja, es suficiente para que el Estado promueva, según consta en documentos oficiales publicados por El Espectador, “la realización de una operación de inteligencia para promover su desvinculación”. Ha sido Sonia Urrea, docente de sociales del colegio Marymount, una de las afectadas por esta cacería de brujas y herejes en las aulas. Esta profesora, egresada de la Universidad de los Andes, era investigada también para establecer su relación con la ONG CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular, perteneciente a la Compañía de Jesús, dedicada, entre otras cosas, a la recopilación de información de casos de violación de Derechos Humanos.
El G-3 también tuvo, o tiene, no se sabe (la Fiscalía trata de establecer funciones, financiación y operaciones de este grupo perteneciente al DAS), la tarea de “pedir identificación plena de los concejales de Bogotá que aprobaron la cátedra de Derechos Humanos en los colegios del Distrito”. Como quien dice, investigar a quienes fomentan el cumplimiento del compromiso del Estado colombiano con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que exige su difusión entre las poblaciones de los Estados que la suscriben.
¿Y ahora qué? ¿Debemos temer los docentes y evitar tales lecturas? ¿Debe la profesora del Marymount temer por tales investigaciones? ¿Acaso nuestra alternativa es hacer caso omiso de nuestro deber de promover el conocimiento de los Derechos Humanos y procurar su cumplimiento? Se me ocurre algo: Rescátese la institución del lenguaje y, hablando con la verdad, procúrese el conocimiento de esta situación en todas las comunidades educativas: profesores, estudiantes y miembros de la sociedad en general. Preguntémonos: ¿Qué hay en la historia de Colombia, en los textos de los autores citados antes, en la difusión de los Derechos Humanos, que amenaza al Estado colombiano? ¿Qué peligro representan estos conocimientos para la seguridad nacional, o modo particular de seguridad? ¿Cuáles son los límites de la aplicación de medidas en pro de tal seguridad?
Desde la cátedra sea éste el apoyo a Sonia Urrea y a todos los profesores que valientemente educan para el pensamiento crítico — único medio para un Estado sano que cumpla con sus deberes constitucionales, como son la educación para el respeto a la diferencia y promoción de la pluralidad de puntos de vista.
Haciendo justicia a la verdad hay que decir: ¡No!, desafortunadamente no es verdad; por más pasión que sea Colombia, el único riesgo NO es querer quedarse.